El despliegue de redes de telecomunicaciones: modelos de inversión (I)

Redes de telecomunicaciones modelos de inversión

El despliegue, la capacidad y la velocidad de Internet se han convertido en asuntos prioritarios para estados, empresas y ciudadanía. ¿Cómo se va a abordar este despliegue de redes de telecomunicaciones para alcanzar los objetivos de la Comisión Europea y que, de la misma manera, sean rentables para los operadores? Analizamos todas las claves con José Antonio Gonźalez Abreu. Hoy la primera parte de una serie de dos post.

La importancia del despliegue de redes de telecomunicaciones de nueva generación

“Necesitamos una Internet muy rápida para que la economía crezca vigorosamente y genere puestos de trabajo y prosperidad, así como para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a los contenidos y servicios que desean.”, Una Agenda Digital para Europa.

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Ya en el año 2010, la Comisión Europea destacaba la necesidad de que Europa contara con redes de telecomunicaciones que proporcionaran acceso a Internet de alta capacidad. El documento estratégico “Una Agenda Digital para Europa”, diseñado para ser el marco impulsor de las políticas de crecimiento europeas desde la óptica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ponía de manifiesto dos consideraciones indiscutibles: no solamente la repercusión de las mismas en el bienestar social es evidente, sino que también el desarrollo del sector de las TIC impacta positivamente en el resto de los sectores de la economía.

Actualmente se pone el foco con especial interés en la incorporación de procesos de transformación digital tanto en el sector público como en el privado.

El desarrollo de estas tecnologías y su uso por parte de ciudadanos, empresas y administraciones está necesariamente ligado a las redes de telecomunicaciones que proporcionan acceso a Internet. Por tanto, cuanta más capacidad proporcionen estas redes a sus usuarios, mayor será el aprovechamiento de las ventajas de la sociedad digital que podrán obtener para ellos, para sus clientes y para sus administrados.

El parámetro fundamental que se utiliza para medir la capacidad que una red ofrece es la velocidad de acceso a Internet, y es el que ha tomado la Comisión Europea (CE) para marcar sus objetivos a alcanzar en materia de banda ancha con fecha límite 2020.

¿Qué se persigue? Por un lado, intentar que todos los europeos dispongan de la posibilidad de contratar servicios (en este objetivo por tanto la CE nos habla en términos de cobertura) que proporcionen velocidades de acceso de al menos 30Mbps; por otro lado, desde Europa se impulsará que para 2020 al menos un 50% de los europeos hayan contratado conexiones de más de 100Mbps. A estas redes, capaces de proporcionar altas velocidades, se las conoce de manera genérica como redes de nueva generación o redes NGN (Next Generation Networks).

Estos objetivos en materia de despliegue de redes han sido ampliamente adoptados entre los estados miembros y regiones de Europa; en España el compromiso queda recogido en la Agenda Digital para España, y en Andalucía a través de la Estrategia de Telecomunicaciones de Andalucía 2020.

La importancia de estas redes de telecomunicaciones es tal que la Comisión no solo sigue impulsando activamente su desarrollo en la Estrategia para el Mercado Único Digital (marco TIC europeo vigente y que arrastra muchos de los retos de la Agenda Digital), sino que desde las instituciones europeas se marcan objetivos más ambiciosos, planteando para el año 2025 coberturas universales de 100Mbps y velocidades del orden del gigabit en localizaciones asociadas a motores socioeconómicos.

¿Pero esto quién lo paga? El modelo de inversión 100% privada

Antes de abordar la cuestión de la financiación de las redes de nueva generación, hagamos un breve inciso tecnológico. Desde las administraciones públicas ya se han marcado las velocidades que deberían recibir los usuarios finales de redes de telecomunicaciones, pero no se ha abordado aún una cuestión crucial: ¿cuáles son las tecnologías que permiten que en casa del cliente se reciban esas velocidades de nueva generación? Y aún más, ¿es necesario desplegar nuevas infraestructuras – y por tanto realizar inversiones – para llevar esas tecnologías a los ciudadanos?

La cuestión tecnológica desde el punto de vista de las velocidades que proveen y vista la oferta comercial actual de los operadores, podría resumirse como sigue: los 100Mbps solo son alcanzables de manera fiable con redes de fibra óptica y redes HFC (comúnmente conocidas como “redes de cable”); para 30Mbps podrían incorporarse, bajo condiciones especialmente favorables, versiones mejoradas de ADSL (red de cobre) y ciertas redes fijas inalámbricas.

Por simplificar el análisis y teniendo en cuenta que es la tecnología que masivamente se está adoptando en España para prestar servicios avanzados nos centraremos en la fibra óptica. La fibra óptica también es ideal para abordar análisis de modelos de inversión porque:

  • Cuando se plantearon los objetivos europeos la presencia de estas redes era insuficiente en el continente (menos del 50% de los europeos tenían cobertura de redes NGA en 2011) y por tanto se requerían de esfuerzos inversores ya que había que desplegar nueva infraestructura
  • Al tratarse de una red cableada que debe llevar la infraestructura física (el cable) hasta el mismo hogar del ciudadano, los esfuerzos económicos se disparan frente a otro tipo de redes  de telecomunicaciones debido principalmente a los altos costes de obra civil necesarios (zanjas, arquetas, etc.).

A estas alturas se puede prever que la factura no va a ser baja. La Comisión Europea estimó que para alcanzar el objetivo de 30Mbps sería necesario invertir, con esfuerzos conjuntos entre el sector público y el privado, 60.000 millones de euros; para el objetivo de 100Mbps esa cifra se disparaba hasta los 270.000 millones de euros.

De esta manera, la importancia de la inversión privada es fundamental, y más teniendo en cuenta que el sector de las telecomunicaciones se encuentra liberalizado y que la intervención pública está limitada. En este marco en el que el sector de las telecomunicaciones está sujeto a las tensiones de oferta y demanda, el primer modelo de inversión en redes es inmediato.

¿Cuáles son las claves que marcan este modelo?

  • Existe una demanda de servicios de conectividad a Internet de cada vez de mayor velocidad, y los operadores deben desplegar nuevas redes para poder prestar ese servicio a sus potenciales clientes.
  • No podemos achacar estos impulsos inversores a “obligaciones” procedentes de iniciativas estratégicas de las administraciones, sino que se basan puramente en la maximización de la rentabilidad de las inversiones.
  • El operador desplegará red en base a un plan de negocio sólido que le permita obtener beneficios con la venta de servicios.

Por tanto, el primer modelo es el puramente privado, donde tanto las decisiones de inversión de fondos como los riesgos y los beneficios corresponden únicamente a operadores de telecomunicaciones. A día de hoy es frecuente ver en los medios de comunicación a representantes de operadores anunciando (con más o menos detalle) sus previsiones de despliegue en el corto y medio plazo.

Los fallos de mercado y la intervención pública. Impulsando la demanda

En un modelo de inversión completamente privado, el operador de redes de telecomunicaciones es el que toma las decisiones en función de sus planes de negocio. La cuestión que surge en este punto es ¿qué ocurre con los habitantes de aquellas zonas que quedan fuera de los planes de inversión privados por no arrojar una rentabilidad mínima en base a los costes e ingresos previstos?

Recordemos que la Comisión Europea considera que para garantizar el progreso de la Unión sus ciudadanos deben tener el mejor a acceso a Internet posible. Por tanto, si hay zonas que no son rentables para los operadores, será necesario apoyo por parte de las administraciones públicas para llevar estas redes de nueva generación hasta estas zonas.

La intervención de las administraciones para fomentar los despliegues de redes puede adoptar formas muy diversas. Una de ellas es la del fomento de la demanda de servicios. Si la administración es capaz, a través de su intervención, de conseguir que una zona se convierta en atractiva a los ojos de los operadores, estos invertirán sus fondos en ella, ya que tendrán una previsión mínima de clientes.

Estas intervenciones pueden adoptar diversas formas, pero las más interesantes pueden ser la de agregación de demanda y el uso de los denominados vouchers.

  • En un esquema de agregación de la demanda, la administración organiza la creación de paquetes de clientes (ciudadanos y/o empresas) interesados en que haya servicios en su zona y que ofrecen, a priori, un mínimo asegurado de contratos a un operador; es decir, el operador antes de comenzar el despliegue dispone de un compromiso más o menor formal de contratación de un volumen de clientes que hacen que el despliegue resulte rentable.

En este modelo la administración no realiza desembolso directo de fondos públicos, únicamente utiliza su propia estructura y conocimiento del territorio y de sus agentes para catalizar la agregación de futuros clientes.

  • El otro esquema relevante de fomento de demanda es el uso de cheques o bonos (en el término en inglés vouchers) que la administración entrega típicamente a ciudadanos de una zona para que contraten banda ancha. La administración cubre temporalmente los costes del servicio de acceso a Internet de un segmento de la población (normalmente aquel con rentas más bajas) y que además viven en zonas deficientemente cubiertas.

Por tanto el operador tiene garantía de que en una zona hay una serie de clientes que van a disponer de ingresos económicos extra y que deben destinarse forzosamente a contratar servicios de acceso a Internet, y por tanto el plan de negocio (y el despliegue de redes de telecomunicaciones) en esa zona comenzará a ser viable. La principal diferencia de este esquema con el de agregación de demanda es que en un esquema de vouchers hay una aportación directa de dinero público.

Ejemplos de impulso de la demanda con enfoques similares a los descritos pueden ser el proyecto nöGIG (Austria) o el proyecto Broadband Delivery UK (Reino Unido).

Recuerda. Este post es la primera parte de una serie de dos post. Accede en este enlace a la segunda parte.

Ficha del autor: José Antonio González Abreu es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla, experto universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, máster en Economía de las Telecomunicaciones y con amplios conocimientos del sector tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el estratégico, normativo y regulatorio. Cuenta con 15 años de experiencia en proyectos de telecomunicaciones y Sociedad de la Información impulsados desde el sector público andaluz. Actualmente es coordinador de proyectos orientados al fomento del despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en SANDETEL (Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones)

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