Qué es el servicio universal de telecomunicaciones

El acceso a los servicios de telecomunicaciones debe garantizarse a los ciudadanos con independencia de su ubicación geográfica o de sus posibilidades económicas. Para ello, en nuestro país está la figura del servicio universal de telecomunicaciones ¿Sabes qué supuestos contempla?

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Cuando hablamos del servicio universal de telecomunicaciones nos estamos refiriendo a un derecho que tiene como base el concepto de Acceso Universal con el que se establecen los mecanismos de garantía para el acceso a determinados servicios como el agua potable, la energía y, en el caso que nos ocupa, a una red pública de telecomunicaciones como servicios de interés general y que, por tanto, deben estar garantizados por las administraciones.

¿Cómo se regula el servicio universal de telecomunicaciones en nuestro país? A la hora de buscar referencias legislativas sobre esta concepto, hay que remitirse a la Ley General de Telecomunicaciones que, tras la liberalización del sector en el año 2003, establece en el Título III, que «se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible».

¿Quién presta este servicio universal de telecomunicaciones en España? El servicio universal de Telecomunicaciones está garantizado por el Ministerio de Industria y la empresa adjudicataria es la compañía Telefónica que el pasado año 2017 renovó esta prestación por un periodo de tres años y que, por lo tanto, será la encargada de garantizar este servicio hasta el año 2020. Amplía información en este enlace.

¿Cuál es el coste del servicio universal de telecomunicaciones en España? Los últimos datos disponibles son los relativos al año 2015 y se especifica que el coste fue de 15 millones de euros, una cantidad que ha bajado de forma gradual en los últimos años. La explicación viene por es la reducción del número de beneficiarios de las tarifas sociales (descuentos para pensionistas con baja renta), otra causa pasaría por la reducción del déficit de las zonas no rentables (no es que haya menos zonas rentables, sino que el coste neto de esas zonas disminuye), así como por causas coyunturales, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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Qué garantiza el servicio universal de telecomunicaciones

Según lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones y en sus posteriores actualizaciones legislativas, el servicio universal de telecomunicaciones tiene por objeto garantizar el acceso a estos servicios:

  1. Todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija siempre que sus solicitudes se consideren razonables y tras valoración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y entren dentro de alguno de los supuestos fijados por el artículo 28:
    1. Razones de cohesión territorial.
    2. Razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías, en especial a la sanidad, a la educación, a la acción social y a la cultura.
    3.  Por la necesidad de facilitar la comunicación entre determinados colectivos, que se encuentren en circunstancias especiales y no estén lo suficientemente atendidos, con la finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta.
    4. Por la necesidad de facilitar la disponibilidad de servicios que comporten la acreditación del contenido del mensaje remitido o de su remisión o recepción.
  2. La conexión debe permitir realizar comunicaciones de voz, fax y datos, a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. Esta conexión deberá permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1 Mbit por segundo, según se establece en la Ley en la que se indica que este dato puede ser actualizado por el Gobierno en función de la evolución y de las necesidades de la sociedad. Desde el año 2012, se reconoce el acceso a la banda ancha y según las publicaciones de la CNMV, estas medidas se completan con una descarga limitada a 5Gb y tarifas adaptadas a la prestación del servicio en estas condiciones.
  3. Se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico disponible al público una guía general de números de abonados, ya sea impresa o electrónica, o ambas, que se actualice, como mínimo, una vez al año.
  4. Exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago (cabinas telefónicas) u otros puntos de acceso público a la telefonía vocal en todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales en lo relativo a la cobertura geográfica.
  5. Que las personas con algún tipo discapacidad tengan el acceso garantizado a los servicios descritos en los puntos anteriores en las mismas condiciones que las del resto de usuarios.
  6. Se ofrezcan a los consumidores que sean personas físicas, de acuerdo con condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial con objeto de garantizar, en particular, que las personas con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a la red y a los servicios que componen el concepto de servicio universal

En estos dos últimos puntos, la Ley recoge que el Gobierno tiene la capacidad de intervenir para garantizar la prestación del servicio universal de telecomunicaciones para las personas con discapacidad o en situación de necesidad social e indica de forma textual que «se podrán adoptar medidas a fin de garantizar que los usuarios finales con discapacidad también puedan beneficiarse de la capacidad de elección de operadores de que disfruta la mayoría de los usuarios finales. Asimismo, podrán establecerse sistemas de ayuda directa a los consumidores que sean personas físicas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales».